Argentina es uno de los países con mayor adopción de activos digitales

Argentina es uno de los países con mayor adopción de activos digitales y eso se refleja en la actitud de los bancos frente a este fenómeno.

Días atrás el home banking de Banco Galicia, el banco privado más grande de Argentina, ofrecía la opción de comprar bitcoin (BTC) y otras criptomonedas a los clientes de la empresa.

También Brubank había añadido la opción de adquirir no solo BTC sino también la criptomoneda de Ethereum, ether (ETH), y las stablecoins USD Coin (USDC) y DAI.

Dos días después el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que los bancos del país no podrán ofrecer servicios con criptomonedass a sus clientes.

La normativa del BCRA dice que los bancos tienen prohibido ofrecer servicios de cualquier activo digital que no esté regulado por el Banco Central, y dado que actualmente no hay activos digitales regulados, la medida equivale a una prohibición de facto.

 

“Los bancos y otras organizaciones vinculadas a las finanzas no pueden efectuar ni facilitar a sus clientes ninguna operación con activos digitales, incluidos los cripto activos y aquellos donde los rendimientos sean determinados en función de la variación que aquellos registren, que no se estén regulados por autoridad monetaria de Argentina y autorizados por el BCRA”, dice el comunicado que echó por tierra la venta cripto en ambas entidades.

Según un informe de la consultora Chain analysys realizado en 2021, Argentina era el décimo país del mundo con una mayor adopción de las criptomonedas. Cabe recordar que el país cuenta con una de las tasas de inflación más alta del planeta, siendo del 55% en tasa interanual a cierre de marzo.

El objetivo de la medida del banco central “procura mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos que podrían generar para las personas usuarias de servicios financieros y para el sistema financiero en su conjunto”.

En marzo Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reestructuraron la deuda con un nuevo préstamo de $45.000 millones que incluyó un apartado que desalentaba la utilización de criptomonedas.

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