A dos años de los incendios en la Amazonia, la desforestación de la selva tropical más grande del mundo continúa sucediendo pese a las millonarias donaciones de los países ricos y las críticas hacia las autoridades brasileñas. Según cálculos de economistas de la Universidad de Chicago, la pérdida de una hectárea de bosque amazónico le cuesta a la comunidad internacional 24 mil euros, considerando solamente su valor como almacén de gases de efecto invernadero, en tanto que las tierras dedicadas a la cría de ganado, causa fundamental de la deforestación, producen un valor de solo 850 euros por hectárea. ¿Los motivos? Entre otras cosas porque en el debate está ausente una propuesta de salida para los 30 millones brasileños que viven en la zona, que necesitan incentivos para poder explotar su región de una manera sostenible. De esta manera, la clave para dar vuelta esta ecuación es cambiar la economía de los habitantes del lugar. Costa Rica es un ejemplo de como la remediación ambiental y la recuperación del capital natural puede traer beneficios económicos. En los años noventa, el país centroamericano tenía los índices de deforestación más altos del mundo. Frente a este problema, el Gobierno costarricense promovió cambios estructurales en el sector agrícola que beneficiaron la protección de los bosques, con la introducción de controles jurídicos para evitar el cambio del bosque natural a otros usos de la tierra y con una financiación estable destinada a los bosques a través de un sistema de pago por servicios ambientales. La mayor parte de estos ingresos provienen de un impuesto al consumo de combustibles fósiles.
